Con diez millones de cerdos de cebo y 470.000 madres, un total de 360.000 explotaciones aragonesas tienen que enfrentarse a una inversión de 42 millones de euros para adaptarse a la normativa europea. Esto ha llevado al PSOE a pedir una moratoria de la Ley de Bienestar Animal y la cofinanciación de las inversiones por parte de la DGA.
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